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El número de inmigrantes que se encuentran bajo vigilancia mediante estos programas de “Alternativas a la Detención” (ATD, en inglés) pasó en menos de tres años de unos cuantos miles a los casi 200.000, una cifra que el gobierno pretende aumentar a unos 400.000 antes de que termine el año.
Es una práctica que viola la privacidad de los inmigrantes, según los grupos civiles, que además la consideran innecesaria si se tiene en cuenta que la mayoría de los indocumentados ni siquiera tienen antecedentes criminales, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.
“Existen serias preocupaciones sobre la privacidad de la aplicación, especialmente a la luz de cuán ampliamente se está utilizando ahora”, dijo a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa de derechos de Project South, una de las organizaciones que destapó el año pasado el escándalo de las esterilizaciones forzadas a inmigrantes en un centro de detención de indocumentados en Georgia.
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