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La administración de Donald Trump ha comenzado a utilizar esta semana una poderosa herramienta para endurecer las políticas de inmigración en Estados Unidos: el control que ejerce sobre los datos públicos.
Ese poder se manifestó en gran medida el pasado lunes con el primer reporte semanal sobre los crímenes de inmigrantes en jurisdicciones santuario, un informe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para señalar a extranjeros liberados de cárceles en Estados Unidos pese a los pedidos ('detainers') de la agencia por mantenerlos en custodia.
A la vez que publicó el reporte inicial, ICE decidió dejar de compartir datos más amplios sobre esos mismos pedidos de detención que envía a las cárceles, datos que durante 15 años la agencia había entregado bajo la Ley sobre la Libertad de la Información (FOIA).
En concreto, rechazó enviar esta información al centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) en la Universidad de Syracuse, la entidad que ha estudiado estos datos desde el año fiscal 2002, ya fuese con el presidente George W. Bush o luego con Barack Obama.
Todo ha cambiado ahora con Trump como presidente, quien por un lado ha decidido vociferar las cifras sobre los acusados que son liberados en lugares que rechazaron pedidos de ICE y, por el otro, esconder otros datos básicos sobre cuántos de estos pedidos fueron enviados o cuántas veces la agencia no llegó a recoger a los acusados que pidió mantener detenidos.
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