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El presidente está siendo consistente con su prioridad de garantizar que quienes representan una amenaza para este país sean los primeros en irse", agregó el portavoz sin profundizar cuando fue consultado sobre los amplios memorandos del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, con las directrices para poner en vigor las órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas por Trump el 25 de enero.
Spicer no precisó si se refería a personas condenadas por haber cometido una falta que realmente puso en riesgo la seguridad estadounidense o si hablaba de un universo más amplio de inmigrantes indocumentados que cometieron un delito migratorio sin arriesgar la seguridad nacional.
Al mirar al detalle las cifras oficiales seguidas por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) se observa que, en los años fiscales 2007 a lo que va del 2017, los indocumentados a los que se les inició el proceso de deportación al afrontar un cargo por haber amenazado o atentado contra la seguridad nacional representan un ínfimo porcentaje de entre un 0.01% y un 0.03% del total llevado ante los jueces de inmigración por haber cometido un crimen o un delito migratorio.
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