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El senador federal Charles Grassley, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, firmó con Moran y Roberts una carta con fecha 9 de diciembre dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para abordar lo que llamaron un "caso extremadamente preocupante" y preguntar cómo fue que Martínez pudo reingresar y permanecer en el país.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dijo que presentó al condado Geary una solicitud para que le entregue a Martínez Maldonado antes de que éste pueda salir de prisión. El ICE declinó abundar sobre el caso salvo lo de las 10 deportaciones que mencionó en octubre en un comunicado.
Según documentos judiciales, Martínez tiene dos veredictos condenatorios derivados de delitos menores por ingresar sin permiso en Estados Unidos en causas procesadas en 2013 y 2015 en la corte federal de Arizona, donde lo sentenciaron a 60 y 165 días de cárcel respectivamente.
Una audiencia de control está programada para el 10 de enero.
La abogada defensora Lisa Hamer declinó hacer declaraciones sobre el cargo, pero señaló que la "ley penal y la inmigración indudablemente se entrelazan y hoy día debería ser responsabilidad de todo defensor penal conocer las posibles ramificaciones en las cortes de inmigración".
A nivel nacional, 52% de todos los juicios federales en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre fueron por ingreso o reingreso sin permiso e infracciones similares, según la organización especializada en asuntos de inmigración Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
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