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Los tribunales de inmigración son un microcosmo de un sistema que necesita reparación urgente. Allí el destino de cientos de miles de personas se deciden al capricho de un juez sobrecargado de trabajo como para hacer una buena labor, en un proceso en que se puede colocar a un niño de cinco años sin abogado para defenderse de los adultos que lo quieren deportar.
Lo peor de todo es que el arribo del gobierno de Donald Trump lejos de reparar una situación que desafía la cordura legal, puede aún empeorar para los inmigrantes.
Un análisis de TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) de la Universidad de Syracuse, New York, mostró que cada vez hay más disparidad entre las decisiones, en casos similares de asilo, emitidas por los jueces de inmigración.
Por ejemplo, en el tribunal de Los Ángeles, de los 33 jueces contabilizados por TRAC, los rechazos a las peticiones de asilo van desde el 21.8% al 97.1% según el magistrado. En los tribunales de Nueva York y Newark, van desde el 2.2% al 59% y desde el 15.7% al 98.6% respectivamente.
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