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El gobierno, por su parte, desestimó la demanda y argumentó que no tiene una obligación constitucional de ofrecer un abogado a los niños en cortes de inmigración.
Además, aseguró en su defensa que ningún menor se ha visto perjudicado por esta realidad.
"Esta reacción del gobierno es sorprendente", señala la abogada Kristin Macleod-Ball, de American Immigration Council.
"Hay información fácilmente comprobable, datos del TRAC con los que es muy claro ver que cada año a miles de niños sin abogado se les ordena que abandonen el país", subraya.
La instancia que menciona Macleod-Ball es la organización Transactional Records Access Clearinghouse, un servicio de recopilación, investigación y distribución de datos de la Universidad de Siracusa.
"Si se estudian los datos, se ve que los casos de los niños que sí tienen abogado van mucho mejor, es más probable que tengan un resultado exitoso en su proceso", prosigue la abogada.
"Creo que en un básico sentido de justicia, estos chicos deben tener una oportunidad para al menos argumentar sus casos ante la corte con la representación adecuada, es realmente lo único que estamos pidiendo", concluye.
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