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En enero el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su sigla en inglés) de la Universidad Siracusa de Nueva York, reportó que las cortes de inmigración habían dictado 18,607 órdenes de deportación a niños y mujeres migrantes centroamericanos entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del 2015. Y que el 86% de los casos no tuvo representación legal.
La ORR explica en su página de internet brinda a las nuevas poblaciones la oportunidad de “maximizar su potencial” en Estados Unidos, y que sus programas proporcionan a las personas necesitadas los “recursos críticos para ayudarles a convertirse en miembros integrales de la sociedad estadounidense, tales como dinero en efectivo, servicios sociales y asistencia médica”.
El reporte de la GAO también remarca la escasa capacidad de la ORR para comprobar el estado de los menores una vez han sido entregados a sus "cuidadores" dentro del país, aunque en el 90% de los casos se trata de familiares, que no tienen por qué tener un estatus legal dentro de Estados Unidos.
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