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Se calcula que el 70% de las familias migrantes y el 50% de los niños no acompañados de Centroamérica carecen de acceso a ayuda legal, aún cuando muchos tienen casos de asilo válidos.
Según el proyecto “Transactional Records Access Clearinghouse” (TRAC), de la Universidad Syracuse, el 86% de los 18,607 madres y niños con órdenes de deportación finales entre julio de 2014 y diciembre pasado no tuvo un abogado para argumentar sus casos ante un juez.
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