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Un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa en Nueva York publicado en septiembre del año pasado, reveló que entre octubre y agosto de 2013 un total de 82,878 personas fueron deportadas, en su inmensa mayoría por infracciones a las leyes de inmigración y no por cuestiones penales.
El TRAC agregó que la mayoría de las órdenes de deportación emitidas por los tribunales de inmigración “no se basaron en los posibles antecedentes criminales de los procesados”, sino en imputaciones relacionadas con las leyes de inmigración vigentes.
Según el reporte, en el año fiscal 2014 solo dos de cada 10 deportaciones se produjeron por considerar a los individuos una “amenaza a la seguridad pública”, y señaló que la lista de deportaciones la encabezó México, seguido por guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
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