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El estudio, publicado por el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa, cuantifica en 43.030 personas los menores sin representación legal, que en estos casos se presta de manera gratuita.
En los últimos tres años, en los que se ha registrado un aumento de la migración de menores procedentes de Centroamérica, ha habido 21.588 menores cuyos casos han sido tramitados ante los tribunales de migración y ya cuentan con una resolución, y de ellos, sólo el 41 % contó con representación legal, según el estudio.
En un estudio anterior, TRAC estableció que contar con un abogado era el factor más determinante para que un proceso ante un tribunal de migración se decantase o no a favor del menor inmigrante.
Según el nuevo estudio, elaborado con datos recopilados en los últimos tres años, con más de 20.000 casos ya fallados, en un 73 % de los casos a favor del menor, éste contaba con un abogado, frente a un 27 % en que era repatriado o el juez emitía una orden de "partida voluntaria", que aunque no es tan severa que la expulsión, tiene la misma finalidad.
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