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El 81% de las personas que están bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentran en centros de propiedad privada o administrados por compañías privadas, según un informe de ACLU, Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
Los inmigrantes que están en esos centros de detención privados no tienen derecho a abogados de oficio y pueden encontrarse con trabas para conseguir hablar con uno. Además, se han denunciado abusos y problemas de supervisión en ellos.
La pandemia hizo que en el año fiscal 2020 las cifras de detención cayeran a 182,869, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. La agencia puso a algunas personas en libertad para disminuir los posibles efectos del coronavirus en el interior de estos centros. 14,195 personas seguían detenidas hasta el 22 de enero, tal y como informó el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
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