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sa es la cantidad de las denominadas "órdenes de detención" que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitieron y enviaron a las autoridades locales del 2008 al 2012, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
Más de tres cuartas partes de las mismas correspondían a inmigrantes que no tenían antecedentes penales en sus registros. En el caso de los que habían sido condenados, solo el 8,6% fueron acusados de delitos graves, con base en las normas federales.
Las autoridades federales de inmigración usan órdenes de detención para solicitarle a las agencias locales que detengan a los inmigrantes no autorizados, para finalmente entregarlos al Departamento de Seguridad Nacional.
Es un enfoque polémico que ha causado enojo entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que los federales han utilizado la herramienta inapropiadamente para detener y deportar a personas que no lo merecen.
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